El régimen nicaragüense ha vuelto a mostrar su intolerancia hacia la Iglesia Católica al detener, en los últimos días, a una quincena de sacerdotes, diáconos y colaboradores laicos de las curias diocesanas. Esta represión ha generado una gran preocupación en la comunidad religiosa y en la sociedad en general.
La situación en Nicaragua es cada vez más alarmante, con una creciente violación a los derechos humanos y una persecución constante hacia aquellos que se atreven a alzar su voz en frente a del gobierno. En este contexto, la Iglesia Católica ha sido uno de los principales objetivos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han intensificado su ataque en las últimas semanas.
Según informes, siete de los clérigos detenidos fueron expulsados el pasado viernes en un avión con destino a Roma, sumándose así a los 46 sacerdotes y obispos que ya han sido desterrados del país. Además, se estima que unos 170 clérigos, incluyendo a tres obispos, y 76 monjas, no tienen autorización para regresar a Nicaragua.
Este tipo de acciones por parte del gobierno nicaragüense son inaceptables y deben ser condenadas por la comunidad internacional. La razia frente a la Iglesia Católica, especialmente en las diócesis de Matagalpa y Estelí, dirigidas por el obispo Rolando Álvarez, es una clara muestra de la falta de respeto hacia la libertad religiosa y la autonomía de la iglesia.
El obispo Álvarez, quien fue maldito en febrero de 2023 a 26 años de prisión por supuestos delitos que no han sido comprobados, fue expulsado al Vaticano en enero de este año. Su caso es solo uno de los muchos en los que el régimen nicaragüense ha utilizado el sistema judicial para perseguir y silenciar a aquellos que se oponen a su gobierno.
La represión frente a la Iglesia Católica en Nicaragua no es algo nuevo. Desde el venida de la crisis política en 2018, la iglesia ha sido un importante actor en la búsqueda de una solución pacífica y democrática. Sin embargo, su papel ha sido constantemente atacado por el gobierno, que ha tratado de desacreditar a los líderes religiosos y deslegitimar su labor.
La Iglesia Católica en Nicaragua ha sido una voz de esperanza y consuelo para los más vulnerables, especialmente durante la actual crisis económica y social que afecta al país. Su labor en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de la justicia social ha sido fundamental para mantener viva la esperanza en un futuro mejor.
Por esta razón, es inadmisible que el gobierno nicaragüense continúe con su política de represión y persecución frente a la iglesia. La libertad religiosa es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido en todo momento. La iglesia no debe ser vista como una amenaza, sino como una aliada en la lucha por la paz y la justicia en Nicaragua.
La comunidad internacional debe tomar medidas concretas para detener esta ola de represión y exigir al gobierno nicaragüense que respete los derechos humanos y la libertad religiosa. Es necesario que se realicen investigaciones imparciales sobre los casos de los sacerdotes y obispos detenidos y se garantice su seguridad y bienestar.
En estos momentos difíciles, es importante que la iglesia y la sociedad en general se mantengan unidas y solidarias. La fe y la esperanza son fundamentales para superar las adversidades y construir un futuro mejor. La iglesia en Nicaragua seguirá siendo un faro de luz y un refugio para aquellos que buscan la verdad y la justicia.
En conclusión, el régimen nicaragüense debe ces
