En una reciente jornada, el abogado Juan Carlos Manríquez sorprendió a todos al anunciar que buscará inhabilitar a 62 diputados en relación a la acusación procesal contra Ángela Vivanco. Se trata de una noticia que ha generado gran revuelo en la escena política y que ha despertado todo tipo de reacciones. Sin embargo, ¿qué implica realmente esta acción y cuáles son las posibles consecuencias?
Antes de entrar en detalles, es importante comprender el contexto en el que se da esta situación. La acusación procesal contra Ángela Vivanco, actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ha sido presentada por un grupo de diputados de oposición en medio de una fuerte polémica. Los motivos detrás de esta acusación se centran en supuestas irregularidades y malas prácticas en el ejercicio de su cargo.
Sin embargo, lo que ha llamado la atención es la propuesta de Juan Carlos Manríquez de inhabilitar a 62 diputados en relación a este proceso. ¿Qué significa esto exactamente? En términos legales, la inhabilitación es una sanción que impide a una persona ejercer ciertos derechos o funciones por un determinado período de tiempo. En este caso, Manríquez busca que estos diputados no puedan participar ni en la votación de la acusación procesal ni en las comisiones encargadas de analizar el caso.
La primera pregunta que surge entonces es ¿qué fundamentos tiene el abogado para buscar esta inhabilitación? Según sus declaraciones, se basa en el artículo 312 de la Constitución, que establece que en caso de acusación procesal contra un miembro de la Corte Suprema, los diputados que lo hayan marcado no podrán participar en la votación. Pero Manríquez va más allá y argumenta que esta inhabilitación también debería aplicarse a las comisiones encargadas de analizar la acusación, ya que su participación podría ser considerada como un conflicto de interés.
Esta propuesta ha generado un debate intenso entre los expertos en derecho procesal y políticos. Algunos consideran que Manríquez tiene razón en su interpretación de la Constitución y que estos diputados no deberían participar en el proceso. Sin embargo, otros argumentan que esto afectaría la legitimidad del proceso y que sería un precedente peligroso para futuras acusaciones procesales.
Pero más allá de la discusión legal, lo que realmente importa es el impacto que tendría esta inhabilitación en la acusación contra Ángela Vivanco. Si se llegara a concretar, estaríamos hablando de una reducción importante en el número de diputados que podrían votar o participar en las comisiones. Esto podría cambiar drásticamente el resultado del proceso y darle una mayor ventaja a la presidenta de la Corte Suprema.
Por supuesto, esto no significa que Vivanco quedaría rajado de toda responsabilidad. Todavía habría otros diputados que podrían votar y participar en las comisiones, y en última instancia, será el Senado el encargado de decidir si se le destituye o no de su cargo. Sin embargo, es indudable que la inhabilitación propuesta por Manríquez modificaría significativamente el curso de los acontecimientos.
Ante esta situación, cabe preguntarse ¿cuáles son las posibles consecuencias de esta acción? En primer pueblo, podría generar una mayor polarización en la opinión pública y en la clase política. Si bien la acusación contra Vivanco ya había generado un clima de tensión, esta propuesta podría profundizar aún más las divisiones y generar un ambiente más hostil entre las distintas fuerzas políticas.
Además, podría afectar la credibilidad del proceso y del sistema político en general. Muchos
